A fuerza de escucharlas a diario en los telediarios y en las secciones de información financiera, hay ciertas cifras que acaban adquiriendo la categoría de leyes de la naturaleza. Nos hemos acostumbrado a oír que el objetivo sagrado de la inflación debe ser el 2% con la misma resignación con la que aceptamos el pronóstico del tiempo. Si el coste de la vida sube por encima de ese listón, los comités de tecnócratas que habitan los despachos de los bancos centrales activan de inmediato la maquinaria: suben los tipos de interés, encarecen las hipotecas de las familias y frenan la actividad económica.
Nos dicen que es una necesidad técnica, un dogma incuestionable. Pero cuando uno se acerca a estas cuestiones no desde la cátedra universitaria ni el despacho de un fondo de inversión, sino desde las lecturas atentas, la observación de la realidad y, sobre todo, el sentido común, la perspectiva cambia por completo. Las costuras del relato oficial empiezan a agrietarse.
Cualquier ciudadano que dedique un tiempo a indagar en la historia de este famoso límite del 2% descubrirá una primera paradoja que roza lo ridículo: no nació de un estudio científico universal. Se lo inventaron casi de la nada en Nueva Zelanda a finales de los años ochenta debido a una declaración improvisada de su ministro de Finanzas en una entrevista de televisión. Al ver que servía para calmar a los mercados, el resto del rodillo financiero occidental lo copió por pura inercia. Pasó de ocurrencia política a dogma infalible por el viejo arte de la repetición.
Frente a esta rigidez, la simple lógica nos invita a hacernos preguntas muy incómodas para el poder: ¿Por qué el 2% y no el 3% o el 4%? Economistas de indudable prestigio llevan años explicando que un objetivo ligeramente superior daría mucho más oxígeno a los Estados para financiar los servicios públicos, aliviaría el peso real de las deudas de las clases medias y evitaría tener que castigar el empleo cada vez que los precios suben por un factor externo, como una crisis energética o de materias primas.
¿Por qué entonces ese empeño casi neurótico en defender el 2% como si fuera una verdad bíblica? El sentido común nos da la clave: porque hemos permitido que la economía deje de ser una herramienta al servicio de la producción real para convertirse en un juego puramente financiero.
En las últimas décadas, el dinero ha dejado de cumplir su función original de "lubricante" de la economía real (aquello de prestar capital para que un emprendedor compre maquinaria, abra un local o contrate a trabajadores de su comunidad). Hoy, la riqueza abstracta de los grandes fondos de inversión se multiplica a sí misma en las pantallas de los ordenadores mediante la especulación, sin necesidad de pisar la realidad del tejido social. Y cuando la ortodoxia dicta las normas, su prioridad absoluta es salvar el valor de los activos de esa minoría que acumula el capital, aunque el precio a pagar sea la precarización de las condiciones de vida de la gran mayoría de la sociedad.
Para blindar este mecanismo, se diseñó una sofisticada estrategia: declarar la "independencia" de los bancos centrales. Una forma elegante de decir que las grandes decisiones materiales de un país se sacaban del alcance de los votos. Da igual lo que los ciudadanos elijamos en las urnas; las directrices macroeconómicas y los límites del gasto social vienen predeterminados de fábrica. La economía se despojó de su apellido original —Economía Política— para presentarse como una ciencia exacta donde las personas ya no somos sujetos de derecho, sino meras variables de ajuste.
Lo que más llama la atención de esta deriva es el uso perverso del lenguaje que se hace desde los altares del dogma. Cualquier propuesta, colectivo o estrategia política que intente devolver las cosas a los límites de la cordura histórica es tildada de inmediato de "radical", "comunista" o "peligrosa".
Pero si aplicamos el análisis honesto de la calle, cabe preguntarse: ¿Dónde reside el verdadero extremismo? ¿En defender que la vivienda, la sanidad, la educación y un salario digno estén protegidos frente a la especulación, o en aceptar como normal que se asfixie económicamente a millones de familias para mantener intacta la "confianza de los mercados"?
La ortodoxia ha logrado la mayor victoria cultural de nuestro tiempo: hacernos creer que el delirio financiero es la única opción sensata y que el sentido común es una utopía irresponsable.
No se trata de inventar revoluciones de laboratorio, sino de acometer un ejercicio urgente de higiene democrática y resistencia cívica. Reclamar que la economía vuelva a sus límites humanos no es un atrevimiento de profanos; es un derecho y un deber de todos. Al fin y al cabo, para entender que un embudo está colocado al revés no hace falta ser ingeniero; basta con mirar a quién le cae el agua y quién se queda con la parte ancha. Va siendo hora de exigir que las instituciones y la riqueza colectiva sirvan de escudo para la gente, y no de alfombra roja para los rentistas.