Existe una anomalía en el debate político contemporáneo que consiste en regalar el término «liberal» a quienes, en la práctica, defienden estructuras económicas que ahogan la libertad de la mayoría. Hoy se nos vende que el mercado desregulado es el único garante de la autonomía individual, mientras la realidad empírica nos muestra un paisaje dominado por oligopolios, barreras de entrada insalvables y un poder corporativo capaz de secuestrar las instituciones democráticas. Frente a esta deriva, urge recordar una verdad incómoda para la derecha radical: el liberalismo, si es consecuente con sus propios presupuestos fundacionales, solo puede ser de izquierdas.

La aparente contradicción entre el ideario liberal y los postulados de la izquierda se disuelve cuando se abandona el dogmatismo. El liberalismo de izquierda —o social-liberalismo— no es una tercera vía descafeinada, sino un proyecto filosóficamente robusto que busca compatibilizar la defensa de las libertades individuales con la corrección de las desigualdades materiales. Filósofos de la talla de John Rawls demostraron que la autonomía personal y la justicia distributiva no son enemigas; al contrario, son interdependientes. La libertad de elección es una carcasa vacía si el individuo carece de las condiciones materiales mínimas para ejercerla.

La praxis histórica ha demostrado que la llamada «libertad de mercado» sin control estatal es una falacia. La competencia no es un estado natural que brota de la nada; es un ecosistema frágil que requiere un marco institucional diseñado para evitar la concentración del poder económico. Es aquí donde el liberalismo de izquierda se distancia del neoliberalismo hegemónico de corte anglosajón y del delirio antiestatal del anarcocapitalismo. Mientras que las corrientes clásicas originales, desde Adam Smith hasta John Stuart Mill, ya advertían contra la colusión empresarial y defendían limitaciones a la herencia, las recetas desreguladoras que triunfaron a partir de los años ochenta con la escuela de Chicago terminaron por subvertir los propios mercados, sustituyendo la libre competencia por un capitalismo de amiguetes y oligopolios.

Cuando la desregulación masiva se impone, el resultado no es la libertad, sino el sometimiento. El ciudadano ya no solo debe temer la arbitrariedad del Estado, sino la dominación —en términos del filósofo Philip Pettit— de los gigantes económicos. Un monopolista puede arruinar vidas o censurar discursos sin necesidad de recurrir a la fuerza pública. Por ello, las corrientes que hoy sacralizan la propiedad privada absoluta por encima de los derechos civiles fundamentales son, en esencia, corrientes iliberales. No garantizan la libertad, sino que crean las condiciones para su destrucción sistemática, derivando hacia una suerte de feudalismo corporativo. Quienes defienden este modelo no deberían llamarse liberales, sino plutócratas o defensores del privilegio.

Esta corriente igualitaria y reguladora no es un invento reciente de la academia anglosajona; hunde sus raíces en nuestra propia historia. El mejor ejemplo de ello lo encontramos en el siglo XIX en la figura del asturiano Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Hidalgo, políglota y Tesorero General del Reino, Flórez Estrada fue un liberal exaltado que pagó su lealtad a las libertades con el exilio y la condena a muerte por parte del absolutismo de Fernando VII. Su pensamiento fue el de un demócrata avanzado: laicista, firme defensor del sufragio ampliado y poseedor de una visión internacionalista tan lúcida que, ya en 1811, defendió la justicia de la emancipación de las colonias americanas basándose en la universalidad de los derechos humanos.

Sin embargo, el aspecto más revolucionario y coherente de su obra fue su propuesta de reforma agraria, plasmada en su Curso de Economía Política. Flórez Estrada se opuso con vehemencia a la Desamortización de Mendizábal de 1836, advirtiendo que subastar las tierras comunales y de la Iglesia solo serviría para enriquecer a los ya ricos, creando una nueva aristocracia terrateniente. En su lugar, propuso la enfiteusis: la cesión perpetua de la tierra al campesino que la trabajase a cambio de un canon anual abonado al Estado, impidiendo su venta posterior.

Inspirado en Adam Smith, Flórez Estrada entendía que el trabajo es el único origen legítimo de la riqueza. Para él, la tierra era un don natural común y limitado, no un producto del esfuerzo humano, por lo que su acumulación improductiva en forma de latifundio era una profunda injusticia. Rompió así con la sacralidad de la propiedad absoluta sobre los recursos naturales, no desde el socialismo estatalista, sino desde un liberalismo radical que buscaba crear una sociedad de pequeños propietarios independientes y libres de toda servidumbre.

Flórez Estrada actuó como el gran puente intelectual entre la España del siglo XIX y las vanguardias económicas de Europa, dejando un legado que inspiraría las tradiciones más democráticas del Sexenio Absolutista y, posteriormente, de la Segunda República. Su figura nos recuerda que la lucha por un mercado transparente, la limitación de los monopolios y la justicia social no son concesiones al colectivismo, sino las condiciones indispensables para que la libertad individual deje de ser el privilegio de unos pocos y se convierta en el derecho real de todos. Su propuesta, lejos de haber caducado, sigue señalando el único camino consecuente para el liberalismo del siglo XXI.